Son más de 1.500 las causas en las que están imputados menores de edad y que deben ser resueltas bajo las normas del nuevo código procesal penal, sin importar que el hecho haya ocurrido antes del 1 de septiembre, día en el que se puso en vigencia el nuevo digesto, según una acordada dictada por la Corte Suprema de Justicia en julio pasado.
“Los expedientes que se encuentren radicados ante los Juzgados de Menores, al momento de entrar en vigencia el código, deberán pasar en resguardo a la Oficina de Gestión de Audiencias en el estado en que se encuentren, a fin de que se les imprima el trámite que corresponda conforme con la Ley”, se puede leer en el documento.
El máximo tribunal de la provincia dispuso, además, que los expedientes que se hallen radicados ante los Juzgados de Instrucción, los Juzgados Correccionales, la Cámara de Apelaciones y las Salas de las Cámaras Penales en el cual se encuentren procesados personas menores de edad deberán pasar al Ministerio Público Fiscal en el estado en que se encuentren a fin de que se les imprima el trámite que corresponda.
La causa de “Chanchón” es una de ellas. Pero también hay otras. Por ejemplo, el jueves, la fiscalía de Homicidios I a cargo de Ignacio López Bustos recibió una causa de un crimen en el que estaba involucrado un menor y que debía ser resuelta, ya que los acusados mayores cumplían tres años de prisión preventiva sin ser enjuiciados.
La jueza Judith Solórzano decidió suspender la audiencia porque el menor acusado fue declarado prófugo. El fiscal no pudo lograr que la magistrada declarara abierta la audiencia para que se resolviera la situación de los otros acusados. Por lo tanto, al vencerse los plazos, técnicamente deberían quedar en libertad sin ningún tipo de condición.
Problema en puerta
La Justicia creó el sistema conocido como régimen conclusional para resolver todas las causas que quedaron pendientes con el viejo código. Para ello, se crearon fiscalías especializadas, juzgados y salas especiales que tendrán tres años para resolver unos 40.000 expedientes. Pero no se creó un sistema similar para tratar los casos en los que se encuentran involucrados menores de edad.
Solórzano, Federico Moeykens y Ana María Iácono deberán resolver las más de 1.500 causas que quedaron pendientes, además de integrar el colegio de jueces que interviene en las audiencias y en los casos donde se encuentren acusados menores. La última de las magistradas está subrogando el cargo vacante que dejó el juez de Ejecución y Sentencias Roberto Guyot.
Los magistrados solicitaron a la OGA que no sean contemplados en los turnos por la gran cantidad de situaciones que deben resolver.